La historia de España está plagada de hechos en los que el pueblo español, el sufrido pueblo español, ha soportado con su hacienda, e incluso con su vida, el que sus gobernantes vieran cumplidos sus intereses particulares, utilizando con descaro los resortes que les proporciona su situación de privilegio. Los ejemplos son muy numerosos. Solo voy a citar algunos de los que tengo conocimiento. Seguro que son más los que se cobijan a  la sombra de mi ignorancia.

El rey Fernando III, apodado el Santo, es hijo del rey Alfonso IX de León y de la reina Berenguela reina de Castilla. En aquellos tiempos ambos reinos eran independientes el uno del otro. Es precisamente con Fernando III con quien se unifican definitivamente. Esta unificación no sale gratis. Alfonso IX de León había tenido dos hijas de su anterior matrimonio, Sancha y Dulce, a las que legó el reino de León. Fernando, ya rey de Castilla, y aspirante al reino de León, negoció con sus hermanastras  a las que convenció con importantes cesiones económicas, no exentas de la siempre oportuna  presión militar. En cierto modo compró un trono.

Alfonso X el Sabio es conocido por sus aportaciones legales, las Siete Partidas es la más conocida. También sobresalió como poeta prueba de ello sus Cantigas. La Escuela de Traductores de Toledo permitió incorporar a los grandes filósofos a la cultura cristiana. No obstante también tuvo sus aspiraciones particulares que obligaron a recaudar  subsidios extraordinarios.

Veamos. Una comisión de emisarios le planteó la posibilidad de reclamar la corona del Sacro Imperio Romano Germánico, pues era hijo de una princesa alemana. Es lo que se conoce como “el fecho del Imperio”. Le calentaron tanto la cabeza que, “el fecho del Imperio”, pasó a ser prioritario en su política, hasta el punto que una parte significativa de los recursos económicos de Castilla y León se malgastaron en financiar un aspiración personal que terminó en fracaso.

María de Molina, mujer conocida por todos ya que sus méritos le han hecho acreedora a ser la titular de plazas y calles en muchas ciudades españolas. Fue esposa del rey Sancho IV  y madre del rey Fernando IV. Su matrimonio con Sancho  IV fue declarado nulo por el Papa Martin IV por cuestiones de consanguinidad. Como consecuencia de la contumaz desobediencia para romper el vínculo el Papa excomulgó a ambos. El problema era que la anulación del matrimonio suponía que el hijo de ambos, el futuro Fernando IV, era considerado ilegítimo lo que le vedaba el acceso  al trono.  

Para solventar esta cuestión María de Molina, pues Sancho IV ya había muerto, invirtió ingentes cantidades de dinero para “convencer” al pontífice, muy receptivo en cuestiones económicas,  y que  levantara la anulación y la excomunión. Con dinero se consiguió la bula correspondiente para dar por bueno el matrimonio. De manera tan poco edificante se levantó la fugaz bastardía de Fernando y se le habilitó el acceso al trono.

Alfonso XI es hijo de Fernando IV y de Constanza de Portugal. Casó con María de Portugal y de esta unión, tras mucho tiempo, nació el futuro Pedro I. En ese ínterin el   rey Alfonso XI se prendó de una joven viuda: Leonor de Guzmán. La cuestión es que fruto de esa relación nacieron diez hijos. La gracia del asunto es que el rey cada vez que  su amante le daba un hijo le regalaba cosas tan simples como el Señorío de Aguilar de Campoo, las villas de Paredes de Nava, Ledesma, Béjar,  entre otras muchas,  lo que le  permitió a la querida señora  hacerse con uno de los  patrimonios más importantes de la época. Semejante acumulación de riqueza tiene su origen en el capricho, por decirlo suavemente, de un rey. Estos cuantiosos medios económicos, obtenidos de forma tan generosa como injustificada,  fueron la palanca que permitió al  hijo de ambos Enrique, que reinaría con el nombre de Enrique II,  hacerse con el trono iniciando la dinastía Trastámara. Un bastardo accede al trono. 

Damos un salto en el tiempo para hablar de Carlos I. Otra vez la cuestión de la corona imperial distrae unos recursos siempre escasos. El imperio era una cuestión personal de Carlos I y no obstante implicó a sus súbditos reclamando subsidios o servicios de manera inmisericorde, además, claro está, del oro y la plata de América y las concesiones a los banqueros que le hacían préstamos con intereses usurarios.  Otro título comprado a expensas de sus súbditos.

Con seguridad habrá más casos parecidos a estos pero lo último que pretendo es aburrir al amable lector. Sirvan estos a mero título de ejemplo de cómo se entremezclan el interés general y el interés particular, este último revestido en ocasiones de una pátina de patriotismo al objeto de camelar a los que siempre acaban poniendo el dinero,  la vida o ambas cosas a la vez.

No justifico esas actitudes pero, en cierto modo, las comprendo dado el sistema de gobierno que había por entonces. El pueblo era súbdito del monarca y su participación en la cosa pública  era escasa por no decir nula. Lo dicho hasta ahora solo sirve para dejar meridianamente claro que la práctica viene de antiguo.

Lo que me resulta desconcertante e  insultante es que con el sistema de gobierno que actualmente tenemos, democrático si no me equivoco, en el que los ciudadanos, ya no somos súbditos y participamos de la vida política, se sigan mezclando de manera tan grosera ambos intereses.

Se utilizan fondos públicos, bajo el paraguas de las subvenciones, cuando no directamente mediante asignación, para la obtención de réditos electorales o para la consecución de objetivos que nada tiene que ver con el interés general. Como ahora el patriotismo no se lleva recurrimos al señuelo de la distribución de la riqueza, como si repartir dinero de manera indiscriminada contribuyera a erradicar la desigualdad social, que sin duda existe.

La multitud de cargos en empresas públicas, colocados a dedo por el respectivo partido sin más mérito que la ciega y lanar obediencia a las consignas partidistas, implican la utilización de recursos públicos para pagar servicios que nada tienen que ver con el interés general. Un buen ejemplo lo tenemos en los días previos a las pasadas elecciones. Aparecen nombramientos de cargos intermedios para puestos que, ni recurriendo a la imaginación más creativa, pudiera sospecharse que existen. Todos ellos, por supuesto, generosamente retribuidos con dinero público o similar. 

La financiación de los numerosos “chiringuitos”, de los cuales una buena parte son ineficaces e innecesarios, revestidos de las más creativas formas jurídicas, solo sirven para pagar sueldos y alquileres, conceptos en los que se justifica el 80% del presupuesto, es  otra forma de distraer recursos públicos para pagar favores particulares. Se pretende justificar su creación con nombres  rimbombantes y unos objetivos que son la cortina de humo para tapar el verdadero propósito: colocar a los fieles, y con frecuencia pobremente preparados, que se han  quedado fuera del reparto de asesores.

Otro caladero, o  más bien coladero, es el de los asesores. Estos personajes, sin ningún tipo de control objetivo, aparecen al socaire de una autoridad para desarrollar no se sabe qué tipo de asesoramiento. ¿Qué necesidad hay de recurrir a esta práctica cuando la administración tiene en su seno funcionarios perfectamente capacitados? Estos últimos han demostrado su valía con unas oposiciones que me consta son muy exigentes. Además la toma de posesión, con sus garantías correspondientes, bien podía pensarse que les hace inmunes a los vaivenes de la política, por lo que se presume son, o deberían ser, independientes.   

Estas prácticas, tan habituales entre nuestra clase política, gozan de la connivencia de los ciudadanos, que recordemos es de donde emana el poder. La primera vez puede que nos pillara desprevenidos pero, la reiteración en estos “malos usos”, debería despertar en nosotros el espíritu crítico necesario para castigar en las urnas a quienes con toda impunidad lo practican sin el menor pudor. 

Nuestro desencanto, nuestra desidia, nuestra pereza y nuestro hartazgo les confieren un poder que  les permite gestionar, parte de los recursos públicos, utilizando argucias legales, para provecho propio en detrimento del interés general.

“No hay peor ciego que el que no quiere ver”

Imagen: GQ España, Diario de León, Zenda libros, Historia de España, Wikipedia, Biografias y vidas.com y Real Academia de la História.