Después de cinco años de demora, ayer los dos grandes partidos han llegado a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces que tiene por misión el nombramiento, cese y control de los 5.320 jueces que aseguran en toda España la solución de los 240.000 pleitos acumulados durante estos últimos años de incertidumbre y provisionalidad.

Habiéndose producido una acumulación de poderes en manos del gobierno de Sánchez en cada uno de los poderes del Estado, incluidos los medios informativos y las grandes compañías e instituciones tales como el Banco de España, RENFE, Correos y toda la Administración civil y militar, no es de extrañar que la oposición mostrara todo tipo de reservas para evitar que el CGPJ siguiera el camino del Constitucional y la Fiscalía General y cayera en manos del 'Sanchismo'. De ahí las grandes reservas mostradas por el PP y la necesidad de recurrir a la Unión Europea como garante en las negociaciones que llevaron a cabo Bolaños y González Pons.

Los socios de Sánchez, excluidos de la negociación mostraron su descontento dando por ganador al PP. Por el contrario Abascal consideró que Feijóo se había dejado embaucar por el Presidente que más pronto que tarde demostrará que a través de la mayoría Frankenstein en el Parlamento, consigue controlar al CGPJ a pesar del equilibrio entre los diez vocales de cada uno de los dos grandes partidos y de otras garantías obtenidas tales como excluir puertas giratorias como la que colocó a la antigua Ministra de Justicia, Dolores Delgado, al frente de la Fiscalía General.

Al portavoz Patxi López se le fue la lengua y recordó que, en el futuro, los jueces no elegirán a los jueces como los dos bandos negociadores andaban pregonando sino que la Cámara Baja tendrá la última palabra  y ya sabemos quién manda en ella.

Con todas las precauciones posibles dada la falta de ejemplaridad mostrada por el actual gobierno, los cierto es que el CGPJ tenía que ser renovado. Así lo dicta nuestra Constitución y también la Unión Europea. Era necesario desconfiar al máximo y buscar todas las garantías posibles, la más vergonzante para nuestro país, el ver a la Comisaria para Transparencia Vera Jourová, vigilando el diálogo  entre los dos negociadores españoles. Afirmó que con este acuerdo se despolitiza el funcionamiento judicial español, cosa no totalmente cierta si se tiene en cuenta la procedencia política de los veinte vocales que componen el Consejo.

Teniendo en cuenta el equilibrio entre los diez del PP y los del PSOE será decisivo en cada momento el perfil del Presidente del Consejo que lo es a la vez del Tribunal Supremo. Actualmente lo es de forma interina Francisco Marín Castaño magistrado de gran prestigio e ideología independiente. Confiemos se mantenga dicho perfil y no entre en el Supremo una especie de Pumpido que lleve a la deriva tan importante institución hoy dominada inexplicablemente por el Constitucional.

El idilio en Bruselas escenificado ayer ha durado poco. Feijóo se ha sentido obligado hoy a recordar en el Congreso que Sánchez tiene tres cuestiones pendientes de urgente solución: el cese del Fiscal General, la limpieza del Tribunal Constitucional y la aclaración de los escándalos en su entorno familiar.

Imagen: Confilegal