El Gobierno valenciano ha decidido tomar medidas ante el aumento de las agresiones a médicos y, en general, personal sanitario, mediante sanciones. Le han precedido tres comunidades autónomas: Castilla-La Mancha, Castilla y León y Navarra.

Es un problema que afecta a todo el país. En 2024 hubo 17.070 agresiones al personal sanitario en España, de acuerdo con el informe del Ministerio de Sanidad, lo que supone un aumento del 16% respecto a 2023.

Este incremento ha llevado la tasa de notificaciones a 24,61 agresiones por cada 1.000 profesionales. Las agresiones han crecido por cuarto año consecutivo, no se trata de una fluctúación pasajera, sino un incremento preocupante.

La mayoría son insultos y amenazas, aunque también hay agresiones físicas. El 78% de las agresiones son contra mujeres. Una vez más, echo en falta voces del feminismo para proteger la “debilidad” de las mujeres que trabajan en la Sanidad, que son tal vez la mayoría del personal sanitario. 

La mitad de las víctimas tienen entre 35 y 55 años, y las más afectadas son Atención Primaria y Extrahospitalaria. Interesante dato, que coincide con lo que nos viene a la cabeza. No pocas violencias son con motivo de la baja laboral –el absentismo laboral está aumentado mucho en España, casi 1,5 de españoles están de baja cada día, es una barbaridad– y eso que algunos médicos me reconocen que “lo fácil” es dar la baja o prolongarla, en lo que caen “algunos colegas que conozco”. 

Y en la Extrahospitalaria, como la Atención Domiciliaria, es fácil suponer más tensión y hasta más desprotección del personal sanitario. Evidente. No van a ir con policía.

Sin lugar a dudas, el aumento de agresiones en los datos oficiales se debe a que las víctimas están más concienciadas y más propensas a denunciar los incidentes.

En la Comunidad Valenciana han aumentado en 2024 un 13,7%. No bastan los carteles colgados en los Centros de Salud apelando al respeto hacia el personal sanitario: coincido en que hay que sancionar.

No es excusa apelar a los retrasos o negligencias en la atención médica, que también deben notificarse si tienen cierta entidad a la autoridad sanitaria correspondiente. Y en algún caso puede ser causa judicial, como también puede serlo una agresión de un paciente a un sanitario, pero es mejor buscar soluciones más rápidas y no saturar a los jueces todavía más. Sanciones inmediatas, eficaces.

En Valencia se va a modificar la Ley de Salud de la Comunidad Valenciana sobre infracciones y sanciones a las agresiones contra el personal sanitario, con multas entre 500 y 60.000 euros, según se trate de una infracción leve, grave o muy grave.

Las infracciones pueden ser por daños al mobiliario, amenazas, insultos o agresiones físicas al personal sanitario, incluyendo también el uso de las redes sociales.

En la modificación se contempla la opción de asignar un nuevo profesional a la persona infractora o un nuevo centro sanitario: esto debe facilitarse con una diligencia máxima, en mi opinión, para que no se alargue la violencia sufrida y que paraliza a veces a un médico o enfermera.

La relación paciente-personal sanitario exigen derechos y deberes por ambas partes. Y, haciéndome eco de lo que me comentan algunos médicos, también hay abusos por parte de los pacientes en el uso de la asistencia médica, por ejemplo, que en una mañana haya 5 que han pedido hora en Atención Primaria, ¡y no se presentan!

Por supuesto, en un clima de confianza, un médico me afirma: “Se resolvería, en el caso de agresiones graves y muy graves, impidiéndole la Sanidad pública durante un año”. Tendría que ir a la sanidad privada. Y si no puede económicamente, tendría que solicitar atención médica pública exponiendo su lamentable situación por agresor. Puede parecer excesiva la medida, pero también nos suena aquello de “a grandes males, grandes remedios”. 

Bastantes médicos opinan que la falta de respeto y uso responsable de la Sanidad pública es porque es gratis. Como en otros países, piensan que pagar un poco por cada visita –5, 10 euros– evitaría los despistes llamativos actuales, e incluso devolviendo la cantidad abonada como “reserva”. O sancionar con una multa a quienes tengan tres inasistencias a una cita pedida. Basta ver medidas de países de nuestro entorno para calibrar este tipo de medidas,q ue las hay.

La violencia es la pérdida de la razón y del autocontrol, también en la sanidad,  por más que se pretenda justificar. Todos tenemos fallos: hay que arbitrar medidas proporcionales, y la sanción es necesaria en la relación humana. Somos así.