La política económica seguida en España en los últimos cuarenta años responde a un solo criterio: la destrucción total o parcial de todos los medios de producción, y en consecuencia, la generación de una masa empobrecida de españoles, con distintos niveles de necesidad, dependiente del turismo como único medio de supervivencia.
Podemos comprobar cómo esta política tuvo su inicio cuando se establecieron las condiciones adecuadas para la desindustrialización, que comenzó a principios de los 80.
Antes de esos años España era la octava potencia industrial del mundo, a diferencia de hoy, momentos en que cuesta encontrarla en el ranking de países industrializados.
El PSOE, un partido de “progreso”, no faltaría más, al que la gente votaba por lo que supuestamente representaban sus siglas (nada que ver con la realidad) promovió la venta de las principales industrias españolas, las más importantes y productivas, a las grandes corporaciones y multinacionales de este mundo, después de sanearlas adecuadamente con dinero público, con lo cual acreditó su globalismo fanático y nulo sentido de patriotismo. No hay más que recordar el caso de Seat, vendida a Wolkswagen, o Pegaso, vendida a Fiat; o las industrias pesadas, como ENSIDESA, vendidas a magnates o corporaciones angloamericanas.
En aquella época, para maquillar lo que se estaba a punto de provocar, se inventó un nombre estupendo, cosas del márketing político, como siempre se hace cuando se quiere encubrir alguna tragedia... el nombre escogido fue “reconversión industrial”, que sonaba moderno y que básicamente, consistía, como hemos dicho, en vender todo lo interesante a poderosas corporaciones, y poner a los pies de los caballos al resto de la industria patria, con el sencillo mecanismo de obligarla a competir sin ningún tipo de ayuda ni protección con países con salarios veinte veces por debajo de los que entonces se pagaban en España. En estas circunstancias, resulta fácilmente comprensible que la suerte estaba echada.
Como decimos, esta fue la primera inmersión en el globalismo, impulsada por un partido de “progreso”, el PSOE, y seguidamente continuada por el PP, entonces AP.
Estúpidamente, en aquella época, se daba por sabido que nuestra industria no tenía “calidad”, que los empresarios eran unos “enchufados” y los salarios poco competitivos, con lo cual, se generó, artificialmente, una corriente de opinión, sustentada por “expertos”, según la cual, la industria, el motor de una nación, en este caso, la nuestra, era algo del pasado, incluso una rémora para el futuro.
Sorprendentemente, en una situación de ignorancia y desconocimiento radical por parte de la población, entretenida en otros temas, como siempre, a nadie pareció importarle. Nadie se preocupó por si era posible relanzar el sector, convirtiéndolo en competitivo, invirtiendo en I+D. Tampoco nadie se preguntó si la libre competencia era lo mismo que el libre mercado. O si España, nuestra patria, no merecía que sus políticos defendieran sus industrias o riquezas pues de ellas dependía el futuro de sus hijos y nietos. Más bien al contrario, todo consistía en destrozar rápidamente lo que tuviéramos, a cambio de que el “político de turno” medrara personalmente; y así hemos llegado a una situación actual en la que NADA FUNCIONA, y la nación se encuentra postrada y sometida a las grandes potencias.
Para que nos hagamos una idea del destrozo producido en estas últimas décadas, en aquel momento, nada menos que el 30% del PIB español era industrial, cuando hoy día no pasa del 15% y… desgraciadamente sigue yendo a la baja.
Aquella riqueza industrial se había conseguido gracias a las apuestas del estado de entonces en el llamado Instituto Nacional de Industria, INI, (hoy, evidentemente, desaparecido, otra rémora, en cuanto se liquidó todo el patrimonio de los españoles) y al interés por que el país tuviera un sector industrial y una potencia productora.
Cualquiera que sepa algo de economía sabe que el libre mercado en realidad no existe; y que la libre competencia global que se nos impuso, equivale directamente a ruina y destrucción. Esto lo saben muy bien en Francia, puesto que ellos sí se han ocupado de proteger a su producción industrial de la foránea, evitando quedarse como nos hemos quedado nosotros.
Como decimos, de toda esta actividad destructiva, se encargó y llevó a cabo bajo la dirección del PSOE, a partir de su victoria, en 1.982. Primero Miguel Boyer, y luego Carlos Solchaga, se ocuparon de dirigir esta “reconversión”, que, como decimos, no era sino un término equívoco que suponía sumergir a la industria nacional en la más atroz competencia desleal e ilícita, con países con salarios de semiesclavitud, merced a su ideología globalista.
Lo cierto es que el PSOE, directamente, daba por perdidos sectores industriales enteros, que daban empleo a millones de españoles. Por ejemplo, esto sucedió con el textil, permitiendo la importación desmedida de género procedente de países asiáticos, producidos a base de esos salarios de miseria a los que apuntamos, que tuvieron el rápido efecto de arruinar la industria española, y dejar en el paro a todos sus trabajadores. Según un comentario de un testigo de la época, recogido por “El Salto”, en su artículo titulado “Cuando España dejó de ser un país industrial”, “las fábricas fueron cerrando y lo que prosperaron fueron, al principio, la economía sumergida y las pseudocooperativas, con mujeres cosiendo en los pueblos o en sótanos por cuatro duros”, en “negro”, para luego utilizar su producción obtenida en condiciones ilegales; lo cual no era una decisión de los empresarios, si no exigencia de las condiciones económicas impuestas (competencia desleal con países terceros) por la clase política de la época.
Algo parecido ocurrió con nuestra industria naval. Por un lado, los salarios asiáticos eran veinte veces más bajos que los españoles y por otra parte, los alemanes no querían competencia en una futura UE en la que llevaban la delantera, de forma que pasamos de tener la primera industria naval del mundo a… quedarnos sin nada. Cerraron los astilleros de Bilbao, El Ferrol, los de Cádiz. No pasaba nada, otros tantos miles de españoles en la calle por esto.
Para conseguir estos resultados sin demasiada oposición popular, los gobiernos del PSOE tuvieron la precaución de segmentar a los sindicatos, dividiéndolos (dividet et vincit), otorgando prebendas en exclusiva a los cuadros directivos de la UGT y marginando a los de CCOO, de manera que, ayudados con los enfrentamientos internos de los representantes de los trabajadores, fueron cerrando los altos hornos de casi todas partes, entre ellos los de Vizcaya y los altos hornos del Mediterráneo, destruyendo toda la industria pesada española.
Finalmente, la entrada en la UE, condenó a otras tantas industrias, como la minería del carbón, que necesitaba también de unas ayudas estatales que se suprimieron, dado que ya estaban las cuencas mineras de centro Europa para eso.
Al final, España quedaba desindustrializada, sin fábricas propias, quedando tan sólo un resto controlado por las grandes corporaciones europeas; siendo buen ejemplo de ello nuestra industria automotriz, toda ella, en realidad, perteneciente a otras naciones, como las plantas de Citroën, Peugeot, Renault, Ford…
Los fondos estructurales europeos, funcionaron en parte amortiguando los golpes, pero lo cierto es que la entrada en la UE se hizo a costa de perder prácticamente la totalidad de nuestra riqueza industrial, que quedaba reservada a las potencias centro europeas.
Para el historiador David Rivas, “la entrada en la CEE podía haber sido compatible con la supervivencia de un fuerte sector industrial nacional, incluso público, como ha sucedido en algunos países europeos, que siguen conservando empresas totalmente estatales o participadas por el Estado, “pero con buenos gerentes a los mandos, y no con el “político de turno”. “
Dependemos de otras naciones y nos pueden pasar aún muchas cosas, por ejemplo, nos hacemos eco de la noticia de “El economista”, de 14/05/2020, en la que se anunciaba que Francia se proponía “repatriar” toda su industria automovilística. Imaginémonos, por un momento, sin las plantas de Renault, Citroën, Peugeot…
Todo esto nos ha debilitado y convertido en un país dependiente únicamente del turismo, sin recursos propios, sometido a los vaivenes del mercado, sin identidad, gracias a unos políticos “vendedores de lesa patria”, en palabras de Daniel López, Doctor en Filosofía.
Para empeorar las cosas, la situación económica se ha agravado con el Covid. Actualmente es tan delicada, que se puede decir que España es una nación en liquidación, con Fondos de Inversión internacionales husmeando entre los restos, desvergonzadamente, a la caza de chollos, a precio de saldo. Incluso la situación debió de parecer tan grave al gobierno, que en el BOE de 18 de marzo de 2020 se estableció la necesidad de que cualquier empresa no comunitaria que deseara comprar una española debía de recabar, con carácter previo, su permiso.
Si bien, esta noticia no acaparó atención alguna en su momento, en los círculos económicos se comenta, dado que es la única baza de la que dispone el actual gobierno para impedir que España finalmente se convierta en un mercadillo de saldos.
Esta debilidad ya estructural provocada por la aplicación del globalismo, a más de la situación provocada por el coronavirus, ha hecho que el PIB en España haya caído de una forma como no hay registros, de manera que según informa Vozpopuli, en un artículo de Juan T. Delgado:
"La debilidad del país se está trasladando a las empresas. La crisis ha activado los mecanismos de 'scouting' en los grandes fondos, las búsquedas del capital riesgo. España empieza a tener cierto tufo a mercadillo", admiten fuentes próximas a un gigante del Ibex. "España era grande hace 15 años, había empresas con capacidad de influencia internacional. Pero ahora estamos en almoneda, en una subasta de bienes a bajo precio, no hay duda”.