El Gobierno dosifica con distracciones variopintas la atención de los españoles: ha encontrado una que es la de criticar a las universidades privadas, calificándolas como “chiringuitos” que otorgan títulos con facilidad.
También es una distracción que encaja en la ideología de este Gobierno: estatalismo creciente y contra la iniciativa social o privada, llámese como prefiera cada uno.
Aunque también tengo algún amigo que no le gusta ninguna de estas dos denominaciones, y defiende que todas son públicas: porque las pagamos entre todos las estatales y porque, con diversas fórmulas –becas, créditos, etc– bastantes españoles pueden estudiar su carrera universitaria en las que no son estatales, si acreditan un buen expediente académico, lo conservan durante la carrera y prefieren “sudar” su preparación universitaria entre la exigencia económica y la académica, sin ser una carga imposible para los padres.
Ya puede decir lo que quiera el Gobierno. Conocemos la realidad de nuestras familias, cientos o miles de amigos y conocidos, tenemos contactos profesionales estables o esporádicas con universidades públicas y de iniciativa social. Diga lo que diga el Gobierno, conocemos bastante bien la realidad universitaria española, y la demagogia y el sectarismo tienen poco margen de maniobra.
Yo estudié en la universidad pública: dos años en una, cuyo nombre no menciono porque era bastante deplorable por el profesorado, y tres años en la Universidad de Zaragoza –Facultad de Derecho-, que tenía un gran nivel académico y un prestigio bien merecido. Tanta exigencia había que, mediada la carrera, buena parte de los alumnos que no daban el nivel se iban a cursar los últimos cursos a esa universidad pública de la que ni siquiera quiero decir su nombre. Es decir, probé la desidia universitaria pública y la enseñanza ejemplar en otra universidad pública.
En aquellos años apenas había universidades privadas: no sé lo que haría ahora. Ni tampoco voy a comparar las universidades de los años 70 con las actuales. Hay muchas variables en juego.
En España hay 91 universidades, de las que 50 son públicas y 41 privadas. Se ha publicado que 72 de ellas tienen producción investigadora y el resto son instituciones eminentemente docentes. Dato que tiene su interés, porque muchas universidades públicas tienen unos recursos económicos que facilitan la investigación, y algunas universidades privadas no tienen esa capacidad.
También habría que hablar del coste necesario de investigación necesaria en cada tipo de carrera, y que es evidente que en carreras científicas son necesarias más inversiones que en carreras humanísticas, pudiendo haber tanta o más investigación en las humanísticas. Muchas variables y matices.
Desde luego, un porcentaje de alumnos de universidades privadas es porque no alcanzan el nivel académico exigido en la pública. Tampoco este dato se puede obviar.
En los ránking de universidades tampoco hay que ser ingenuos. Habría que analizar los criterios de calidad, lo que invierten en publicidad, la empleabilidad al acabar la carrera, la multiplicación de másters y cuántos alumnos tienen cada uno, los proyectos de investigación que están financiados por entidades de la sociedad –en universidades públicas y privadas-, y un largo etcétera.
Otro dato que no hay que olvidar: ¿cuánto nos cuesta un alumno universitario al año en una universidad pública? Sí, las que pagamos con nuestros impuestos. Varían, pero se sitúa en unos 9.000 euros al año, y se le cobra una cantidad muy inferior como matrícula, en torno a los 1.500 euros. Depende de los lugares, pero para situarnos.
Que un alumno en privada cueste al año en torno a 9.000 euros parece indignar a algunos, pero olvidan que una familia está pagando los estudios de su hijo en una privada y también una parte con sus impuestos para los estudiantes en pública. Tal vez habría que revisar estos planteamientos y esta financiación. Al menos, saberla evita demagogias y complejos.
Las familias eligen lo que quieren, conocen y pueden: bueno es el pluralismo y la libertad en todos los casos. El ránking más real es el que perciben las familias, la sociedad, según sus posibilidades, valorando también el ambiente, la integración, la seriedad y la formación que se ofrece en cada una. La libertad, desde luego, no es plato que guste a este Gobierno: ¡leña a la privada!
Javier Arnal Agustí es Licenciado en Derecho y periodista.
Escribe, también, en su web personal.