Desde que el pasado 16 de abril publiqué el artículo “Tragedia en las residencias de ancianos” pidiendo a los lectores colaboración para aportar datos, opiniones y soluciones sobre los geriátricos en España, me van llegando sin cesar, bien a mi cuenta de correo electrónico javierarnal2002@yahoo.es, bien por otros cauces. Me comprometí con los lectores a hacer un seguimiento cercano, y lo vengo haciendo desde entonces.

Llama la atención que aumenta el número de personas que expresamente me subrayan que no cite su nombre ni la residencia. Los motivos son, o parecen ser, muy diversos, pero flota una sensación de miedo a represalias profesionales, en residencias públicas y privadas, o incluso a repercusiones en el cuidado a los familiares que viven en residencias. Ese miedo va en aumento, y no es buena señal.

Un médico me expresaba su opinión sobre lo que está sucediendo en las residencias a raíz de la epidemia. Piensa que falta una concepción más humana de su funcionamiento, de la salud en los  ancianos, casi minusvalorando el valor –incluso curativo– del afecto, de la entrevista. Es psiquiatra, tiene décadas de experiencia profesional, y no comparte el cierre de las residencias casi permanente en estos diez meses, tal vez porque comprueba los efectos psicológicos en internos y familias.

Tras las decenas de miles de fallecidos en residencias de ancianos en la denominada “primera ola”, en que muchas cosas se hicieron mal, ahora estamos en otra fase distinta, tal vez con desaciertos de otro tipo.

Me cuentan que, en algunas residencias, hacen la PCR al anciano que va a ingresar. Parece prudente. Si da positivo, no ingresa hasta que dé negativo; si da negativo, se le aísla en la residencia diez o quince días “por precaución”. ¿Tiene sentido, tras dar negativo, aislar a una persona mayor que ya da un paso costoso de ir a una residencia? Me sumo a los que no lo comparten.

Los trabajadores de las residencias reciben muy buena nota, en general. Las deficiencias se suelen achacar a los propietarios –sea una administración pública, sea una entidad privada-, por no tener la plantilla necesaria o no hacer las sustituciones necesarias, a veces por contagios específicos de coronavirus.

Algunas residencias han suprimido el culto religioso, las misas y la atención sacerdotal. Se invocan razones o simplemente se ha suprimido. La mayoría de los ancianos son católicos practicantes o de creencias arraigadas, y echan en falta esa atención, desde hace muchos meses. Les dicen que no se preocupen, que pueden seguir la Misa por televisión. ¿Es esencial ese servicio en una residencia que ya lo tenía? Yo creo que sí. Los ancianos lo lamentan en silencio; pero algunos hijos se dan cuenta y van a cambiarlos de residencia por este motivo.

Ciertos servicios han disminuido en algunas residencias, como rehabilitación o fisioterapia. El coste es elevado para los ancianos: algunos han perdido la movilidad, ha aumentado el miedo, y sus hijos se han dado cuenta en las escasas ocasiones que han tenido acceso a verles en la residencia, o incluso en las “tele-llamadas” que algún empleado hace a la familia esporádicamente.

Esta situación puede alargarse un tiempo, ojalá sea mínimo. Sin embargo, no pocas familias se plantean la opción de sacar de la residencia a su padre o su madre, porque palpan que el afecto es lo que de verdad piden, y esta situación no lo permite, o bien cambiar de residencia si es imposible una atención en el domicilio familiar. Es una decisión costosa en todos los órdenes, que transmite el mensaje de fracaso de modelo residencial.

La preocupación por la evolución y el futuro de las residencias es grande. Hay lista de espera, sobre todo en las públicas -¿quiénes pueden pagar 2.000-2.500 euros al mes en una privada, aunque destaquen que “incluye” el IVA?-, a la vez que desazón por la falta de atención del Gobierno, en particular de Pablo Iglesias, vicepresidente y ministro responsable de las residencias, y otros responsables políticos en diversas comunidades autónomas.

Un modelo de residencias que necesita ser revisado. Una solución es la creación de una cooperativa, entre familias que ven ese problema de cerca o en un lógico horizonte de sus familias, y que sean propietarias de la residencia, con un seguimiento cercano.

La satisfacción por las residencias de instituciones religiosas es grande. Todos ven el gran problema: apenas hay vocaciones, se multiplican en su tarea, pero en absoluto se vislumbra que puedan acometer nuevas residencias.

Pablo Iglesias no mueve un dedo porque los ancianos no son sus votantes, ni tampoco los hijos de los ancianos, que tienen entre 50 y 60 años. Los ancianos son, para Iglesias, “pasado”, no un tesoro humano que hay que velar con esmero.

Entre los fallecidos en las residencias y el temor a ingresar en las actuales circunstancias, ahora hay plazas en ciertas ciudades, con el agravante de que se dejan de cubrir un 10% para los aislamientos que sean necesarios por el Covid-19.

Si a todo ello se suma la reciente aprobación de la ley de eutanasia, los motivos para inquietarse van en aumento. Por ejemplo, cuando se escucha al director de una residencia pública que una inyección “a tiempo” evita alargar “innecesariamente” la vida de un anciano, y lo oye el familiar de un anciano ingresado.

Sin duda, hay que denunciar deficiencias, si hace falta en los tribunales. Lo que es tan necesario o más es aportar soluciones, partiendo de una concepción digna de la tercera edad y de la sanidad, familias que admitan estas deficiencias y no se limiten a quejarse.