El grupo parlamentario Unidos Podemos ha presentado en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley LGTBI que, bajo el pretexto de evitar la discriminación, trata de imponer una ideología totalitaria que atenta contra los derechos de padres, educadores, periodistas, profesionales de la sanidad y, en síntesis, contra los derechos de todos los españoles, reconocidos en la Constitución y en los tratados y convenios internacionales, que prohíben precisamente toda discriminación a causa de la orientación sexual.

A lo largo de la historia, bien sabemos la injusticia de diversas leyes. Basta invocar las diversas leyes que permitían la esclavitud. Se ha avanzado y mejorado en no pocas materias, pero nuestro tiempo no está libre, ni mucho menos, de legislaciones injustas, y en el futuro se nos juzgará a nosotros por la calidad ética de nuestra legislación. Y la ley del aborto es una injusticia, aunque casi nadie lo manifieste.

La Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (FCAPA), que preside Vicente Morro, emitió un comunicado el pasado lunes 31 de julio pidiendo la dimisión de todo el equipo directivo de la Consellería de Educación, y desde luego hay motivos para ello. O dicho de otro modo, cabría preguntarse qué tendría que ocurrir para que no se pida su dimisión, porque efectivamente ha logrado generar un caos y una confusión insólitos, tal como afirma FCAPA, con una actitud contumaz y recalcitrante.

Las decisiones tomadas por la Consellería en materia de conciertos y sobre el famoso decreto plurilingüe educativo están siendo el núcleo de ese caos, caracterizado por la falta de diálogo previo, la ocultación, la tergiversación, la insumisión a la sentencias de los jueces. Conciertos denegados que son revocados por la justicia, discriminación por el decreto plurilingüe que también la justicia ha señalado, así como la suspensión cautelar del decreto Marzà.

“Por nosotros y la nación española peleamos”. Bellas palabras que podrían haber sido pronunciadas por cualquier patriota español en los innumerables hechos de armas de nuestra historia.

Sin embargo, la singularidad del alegato radica en que forman parte del manifiesto dirigido a la población de Barcelona el día 11 de septiembre de 1711, firmado conjuntamente por el conseller en cap y abogado Casanova y el general Villarroel, un militar profesional de origen gallego que había servido con anterioridad los intereses de la Casa de Borbón. Además, el manifiesto exigía a los barceloneses que derramaran su sangre “por la libertad de toda España”

¿Quién da más?”

La ilegal convocatoria de referéndum en Cataluña no sólo afecta a los catalanes, sino a todos los españoles y a diversos niveles.

Políticamente, Puigdemont no esperaba una respuesta tan contundente de Rajoy, y Rajoy no esperaba que la situación llegara al límite que ha llegado. No se celebrará el referéndum, pero los costes políticos pueden ser temibles, y en el resto de España hay temor a que a partir de octubre haya concesiones o cesiones que solivianten a diversos políticos y a los ciudadanos. Ya ha avisado el PNV: si se “excede” Rajoy, el pacto de gobierno con el PP pendería de un hilo.

El decreto-ley del pasado viernes, 1 de diciembre, por el que el Consell aprueba el programa plurilingüe educativo tiene tintes esperpénticos. Marzà dice que es para “normalizar” la situación que se ha creado en la educación, pero introduce, de modo torticero, más elementos de confusión, abuso y manipulación. Tras nueve recursos presentados por asociaciones, sindicatos e instituciones; tras tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ordenando la paralización del decreto plurilingüe; tras meses de desacato y silencio por parte de la Consellería ante esas decisiones judiciales: una situación absolutamente “anormal”, kafkiana.