Es evidente que en las aulas valencianas se está llevando a cabo un adoctrinamiento lingüístico, ideológico, cultural e histórico, y eso es algo muy grave. No es un asunto de trifulcas entre partidos políticos, que lógicamente han de intervenir en el debate, sino sobre todo de los padres, que son quienes deben elegir con libertad si sus hijos estudian en valenciano o castellano, recibiendo en todo caso sus hijos una enseñanza de calidad a todos los niveles, que respete las ideas, el idioma y una historia ajustada a la realidad, no deformada por intereses partidistas de adoctrinamiento. Soy aragonés, y cuando oigo que se habla de la “corona catalana-aragonesa” me chirrían los oídos, porque lo que existió fue la Corona de Aragón.

Si Rajoy decide recurrir la ley valenciana que impone el valenciano a partir del curso 18/19, ganará credibilidad, firmeza y votos.

En la Comunidad Valenciana se está viviendo una auténtica batalla educativa, que enarbola Compromís, con el apoyo de socialistas y Podemos. A toda costa, quieren imponer el valenciano en la educación, pese a las continuadas protestas de los ciudadanos, recursos judiciales de diversas entidades y varapalos repetidos de la Justicia. Sin embargo, la ley 4/18, de febrero pasado, que incluye de nuevo la imposición del valenciano, no pueden recurrirla ni particulares ni asociaciones: sólo pueden presentar recurso de inconstitucionalidad 50 diputados o senadores, el Defensor del Pueblo o el presidente del Gobierno.

 
En estos días en que tanto se habla de la hipotética injerencia de ciertos países en procesos electorales o en tensos contextos políticos, es frecuente oír o leer comentarios, algunos efectuados con pretendida autoridad y acusada rotundidad, sobre la procedencia e intencionalidad de las acciones de ciberespionaje o las presuntas operaciones de desinformación. Puesto que es prácticamente imposible llegar al fondo de estas cuestiones con un mínimo de solvencia, cabe plantearse el porqué de esas manifestaciones que acusan a países u organizaciones de una forma tan radical cuando la duda razonable debería ser la tónica de cualquier analista experimentado, independiente e imparcial.

La presidenta del PP de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, declaró el sábado pasado que “hará todo lo posible” para que el Gobierno presente recurso de inconstitucionalidad contra la ley valenciana de plurilingüismo (4/18). No es una ley de plurilingüismo, sino de imposición injusta y escandalosa del valenciano, en contra del derecho de los padres a elegir lengua vehicular para la educación de sus hijos, el castellano o el valenciano, ambas cooficiales. La Ley 4/18 recoge la imposición del valenciano del decreto 9/17 y la Ley 3/17, estas dos últimas tumbadas por los tribunales: pero Marzà se está saliendo con la suya, aplicando normas que sabe que luego tumbarán los tribunales. Urge parar esta nueva Ley injusta.

Rajoy anunció el pasado 14 de abril una inversión de 100 millones para la España rural. Ha hecho sus cálculos electorales y la España despoblada le puede servir de “granero” de votos y escaños, frente a un bisoño partido como Ciudadanos que no ha llegado todavía a calar en las zonas rurales.

El aparente “repentino” interés del presidente del Gobierno por la despoblación es una apuesta para las elecciones autonómicas y municipales de 2019, y las generales de 2020. Ciudadanos va comiendo terreno, según las encuestas, y según las encuestas ha reaccionado Rajoy, que es un buen jugador de ajedrez.

Todos los políticos relativizan las encuestas en público, pero toman buena nota en privado y actúan en consecuencia. Como las encuestas o sondeos marcan tendencias, esos datos marcan la agenda política. Para los ciudadanos, están lejanas las elecciones autonómicas y municipales –y no digamos las generales-, pero los políticos ya están de lleno en campaña.

El Corte Inglés de Castellón repitió este año la iniciativa de una lectura continuada, a lo largo de todo el día, el pasado lunes, en que celebramos el Día del Libro. Yo fui uno más de los 120 que leímos desde las 10 de la mañana, en turnos bien organizados por Pablo Sebastià, “El principito”, de Antoine de Saint Exupéry. Entre los más de un centenar de lectores estaba toda la sociedad castellonense –autoridades, periodistas, empresarios, escritores, artistas, políticos, etcétera-, y pienso que es una iniciativa positiva de respaldo generalizado a cuanto suponga incentivar la lectura, objetivo que siempre ha sido encomiable, y desde luego también en la actualidad.

Ciudadanos sigue insistiendo: Cifuentes debe dimitir. No parece que vaya a dimitir y no creo que Ciudadanos entregue la Comunidad de Madrid al PSOE, por lo que hay que estar atentos a cómo justifica que Cifuentes siga.

Hay un sector de la población, nada desdeñable por lo que me llega, que ve exagerado el jaleo” a raíz del máster de Cifuentes. No les parece que la exigencia de Ciudadanos tenga mucho sentido, cuando se está juzgando a dos expresidentes de Andalucía por más de 800 millones de euros de fraude en en los EREs, y de lo que acaban de decir de que “no sabían nada”. Y otras cuestiones que preocupan, y mucho, son las pensiones, Cataluña, el paro. Al lado de todo ello, afirman que un máster no tiene entidad para ocupar tanto tiempo a gobernantes, políticos y medios de comunicación.

El famoso máster de Cristina Cifuentes –que ha renunciado a él– está levantando abundantes casos similares en toda España y en la casi totalidad de los partidos políticos. No sé si quienes airearon el caso Cifuentes eran conscientes de que tendría un efecto “boomerang”, pues el panorama político español está plagado de falsedades y eufemismos, como se está recordando o aireando en estos días. Lo positivo, indudablemente, es que todos los políticos están revisando sus currículums, un paso más de salud democrática, que buena falta nos hace falta en este año que se conmemora el 40º aniversario de la Constitución.

Cualquier espectador medianamente reflexivo de la sociedad actual no puede menos que experimentar un gran desconcierto –¿a dónde vamos a llegar?, decimos– ante ciertos comportamientos que indican que se ha perdido el sentido del límite en casi todo, pero muy especialmente en la dimensión moral. Nuestra sociedad se asienta sobre una gran contradicción: por una parte, en materias económicas y sociales, cada vez existe más control administrativo, más leyes, más disposiciones que limitan la libertad de actuación de los individuos y de los grupos; y por otra parte, en el orden de los comportamientos éticos, el talante pluralista y las leyes ultra liberales han abierto las puertas de la total permisividad sin apenas establecer límites, en una especie de reino de libertad gratuita en el que cada uno puede hacer lo que quiera.

La violencia se viene produciendo a muchos niveles, y da la impresión de que sólo los jueces están a la altura de esta crítica situación.

El pasado martes un juez de la Audiencia Nacional ordenó detener a dos miembros de los Comités de Defensa de la República, a los que ya califiqué como Comités de Imposición de la República, por los cortes en carreteras y sabotajes a peajes en Cataluña la pasada Semana Santa. La fiscalía les atribuye delitos de rebelión y de terrorismo.

En este clima, líderes independentistas catalanes representan el papel de demócratas, que sólo llaman a las manifestaciones pacíficas. No condenan la violencia, por lo que se hacen cómplices de la evidente violencia que el secesionismo catalán está mostrando: unos lo ejecutan, otros lo alientan, otros se alegran y otros consienten.