Residencias asfixiadas
Más de 2.300 trabajadores de las 32 residencias públicas concertadas celebran estos días concentraciones pidiendo que se licite cuanto antes la gestión de estos centros, para acabar con la situación de “enriquecimiento injusto” que la propia vicepresidenta y consellera Susana Camarero reconoció hace 6 meses.
Sin marear al lector con tecnicismos, la Consellería se escuda en que está mejorando el decreto de tipologías que aprobó en 2023 el Botànic, pues no se había escuchado al sector. Ahora sí se ha escuchado al sector, y no hay motivo para retrasar más ese decreto. Tras el decreto, nuevo convenio colectivo -¡sigue en pie el convenio que rigió de 2011 a 2013!– y licitar la gestión de las residencias concertadas.