La Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (FCAPA), que preside Vicente Morro, emitió un comunicado el pasado lunes 31 de julio pidiendo la dimisión de todo el equipo directivo de la Consellería de Educación, y desde luego hay motivos para ello. O dicho de otro modo, cabría preguntarse qué tendría que ocurrir para que no se pida su dimisión, porque efectivamente ha logrado generar un caos y una confusión insólitos, tal como afirma FCAPA, con una actitud contumaz y recalcitrante.

Las decisiones tomadas por la Consellería en materia de conciertos y sobre el famoso decreto plurilingüe educativo están siendo el núcleo de ese caos, caracterizado por la falta de diálogo previo, la ocultación, la tergiversación, la insumisión a la sentencias de los jueces. Conciertos denegados que son revocados por la justicia, discriminación por el decreto plurilingüe que también la justicia ha señalado, así como la suspensión cautelar del decreto Marzà.

“Por nosotros y la nación española peleamos”. Bellas palabras que podrían haber sido pronunciadas por cualquier patriota español en los innumerables hechos de armas de nuestra historia.

Sin embargo, la singularidad del alegato radica en que forman parte del manifiesto dirigido a la población de Barcelona el día 11 de septiembre de 1711, firmado conjuntamente por el conseller en cap y abogado Casanova y el general Villarroel, un militar profesional de origen gallego que había servido con anterioridad los intereses de la Casa de Borbón. Además, el manifiesto exigía a los barceloneses que derramaran su sangre “por la libertad de toda España”

¿Quién da más?”

La ilegal convocatoria de referéndum en Cataluña no sólo afecta a los catalanes, sino a todos los españoles y a diversos niveles.

Políticamente, Puigdemont no esperaba una respuesta tan contundente de Rajoy, y Rajoy no esperaba que la situación llegara al límite que ha llegado. No se celebrará el referéndum, pero los costes políticos pueden ser temibles, y en el resto de España hay temor a que a partir de octubre haya concesiones o cesiones que solivianten a diversos políticos y a los ciudadanos. Ya ha avisado el PNV: si se “excede” Rajoy, el pacto de gobierno con el PP pendería de un hilo.

Recientemente he visitado el monasterio de Sigena (Huesca). Es monumento nacional y, tras una sentencia judicial de 2015, Cataluña debe devolver más de 40 obras que pertenecen a ese monasterio. En la comarca están indignados porque Cataluña no acata la decisión judicial. Y encima escuchan estos días de algunos líderes catalanes que Aragón podría formar parte de una confederación imaginaria que serían los Países Catalanes.

El decreto-ley del pasado viernes, 1 de diciembre, por el que el Consell aprueba el programa plurilingüe educativo tiene tintes esperpénticos. Marzà dice que es para “normalizar” la situación que se ha creado en la educación, pero introduce, de modo torticero, más elementos de confusión, abuso y manipulación. Tras nueve recursos presentados por asociaciones, sindicatos e instituciones; tras tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ordenando la paralización del decreto plurilingüe; tras meses de desacato y silencio por parte de la Consellería ante esas decisiones judiciales: una situación absolutamente “anormal”, kafkiana.

Eran las ocho horas y diez minutos de la tarde de aquel día del seis de octubre del año mil novecientos treinta y cuatro (dentro de pocos días hará ochenta y tres años). Lluis Companys, president de la Generalitat Catalana, desde el balcón de la presidencia proclama el Estat Catalá, dentro de la República Federal Española.

En la misma jornada, por la mañana, la Alianza Obrera organiza una manifestación multitudinaria que se disuelve pacíficamente, según cuentan las crónicas. La CNT se abstiene de participar porque recela del tufillo burgués de la misma.

A continuación, Companys se pone en contacto con el general Batet, jefe de la Cuarta División Orgánica, y le dice que se ponga a sus órdenes. Batet, un catalán moderado, de acuerdo con Lerroux en su condición de presidente del gobierno, como respuesta, proclama el Estado de Guerra.