El shock que está viviendo el PP era impensable, aunque alguno alardee de que se veía venir. El origen de los errores de Pablo Casado y Teodoro García Egea radica en sus celos, en su mediocridad y en su falta de madurez, que les lleva a imponer sin escuchar ni respetar. Incapaces: les viene grande el cargo. ‘Matón de pueblo’,  han calificado a Teo, el campeón mundial de lanzamiento de hueso de aceituna en su pueblo.

Me asombran algunos colegas estos días, algunos medios de comunicación que están dictando en su editorial lo que debe hacer cada día el PP. Los medios debemos informar, no diseñar el calendario de nadie: recabar y contextualizar diversas opiniones, no juzgar ni pretender marcar el paso de ninguna organización.

Por 30 monedas de plata las organizaciones agrarias, las mismas que convocan una manifestación el 25 de Febrero en Valencia con el lema: “SOS por la supervivencia del campo valenciano”, acaban de perpetrar la mayor traición de la historia a los citricultores, y en nombre de supuestas: “exigencias sociales”; “demandas actuales del consumidor”;  “estándares de calidad”; “sostenibilidad”; y no sé qué conflicto entre citricultores y apicultores, han entregado un documento a la Consejera de propuestas transitorias que se pondrán en marcha ¡ya!, para que en el 2026 deje de publicarse la limitación a poner colmenas entre los cítricos.

Tras las elecciones del 13-F en Castilla y León, se ha incrementado la estrategia de demonizar a Vox. Los calificativos se quedan cortos: desde los más suaves como “ultraderecha”, “radical”, “populista”, a los más tremendos como “anticonstitucionalista”o “peligro para la democracia”. 

Incluso estamos asistiendo a  una oferta insólita de Pedro Sánchez: tan grave ve la hipótesis de que el PP pacte con Vox en Castilla y León que ofrece abstenerse el PSOE, a cambio de que rompa el PP en toda España con el partido de Santiago Abascal. 

Sencillamente, me parece esperpéntica la oferta de Pedro Sánchez, que pacta sin reparos con Bildu –y por quinta vez le apoya para que sigan los homenajes a etarras– o con partidos que han protagonizado escenas multitudinarias de violencia física como ERC.

Isabel Díaz Ayuso ve la trampa con más claridad que otros, y lo ha dicho: lo que no haría es pactar con quienes pactan con Bildu, sin cerrarse a otros pactos.

La pandemia ha traído grandes calamidades, con miles de muertos, secuelas de todo tipo en la salud, graves situaciones económicas y laborales. Las sigue provocando, aunque en mucha menor medida, en este final de la sexta ola, a la vez que, tras dos años, se cronifican muchos de esos daños. Nadie puede prever lo que puede suceder en el futuro, pero si hay algo claro es que debemos tomar nota y adoptar medidas que ayuden a resolver esos graves perjuicios en todos los terrenos, por lo que ha sucedido, por lo que está sucediendo y por lo que pueda venir.

El título de estas líneas no lo he elegido al azar o sin apenas pensarlo: lo he pensado mucho. La iniciativa de Podemos, ERC y Bildu en el Congreso de los Diputados de investigar los abusos a menores exclusivamente en la Iglesia tiene alta dosis de inquina y hasta crueldad, pero no contra una institución asimilada a edificios o estructura material, sino contra personas, que son los católicos.

La Iglesia está compuesta por clérigos y laicos, en su inmensa mayoría por estos últimos. La mayoría de los españoles nos declaramos católicos. Que haya disminuido la práctica religiosa no es óbice para respetar y exigir justicia ante cualquier tipo de ataque o discriminación, y sobre todo por parte de los laicos, que somos la mayoría, sin descargar en sacerdotes y obispos las iniciativas, reacciones o exigencias que corresponden en un Estado de Derecho.

El pasado lunes, 24 de enero, se celebró la fiesta de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas.  Es una buena ocasión para hablar de nosotros, los periodistas. Para tranquilidad del lector de estas líneas, los más críticos con los periodistas somos nosotros mismos, porque cada día comprobamos carencias, limitaciones y una larga retahíla de intereses para que únicamente se conozca una parte de la realidad y se maquille o esconda lo que perjudica a una institución, cargo público, sindicato, partido político, entidad, o corriente cultural. Presiones explícitas, silenciosas y variopintas.

El martes Mónica Oltra compareció en la Diputación Permanente de las Cortes Valencianas para explicar la gestión de los abusos a menores tutelados por la Generalitat Valenciana, que ella ha llevado a cabo como consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas. Fue una de las sesiones más duras que he conocido, y para Oltra fue, sin lugar a dudas, un varapalo político en toda regla como nunca había experimentado.

Teresa es la joven que sufrió abusos sexuales, estando en un centro de menores tutelado por la Generalitat Valenciana,  por parte del marido de Mónica Oltra en 2016 y 2017, Luis Eduardo Ramírez Icardi, “educador” de ese centro. Ahora es “exmarido”.  La sentencia del TSJCV, del 16 de septiembre pasado, lo condenó, y no dejaba precisamente bien a la directora del centro y otros empleados de la Consellería de Igualdad. Judicialmente sigue la batalla para responsabilizar judicial y económicamente a la Consellería. Teresa habla claro: Oltra ocultó su denuncia.

Políticamente se piden responsabilidades por los abusos a menores tutelados a Ximo Puig –no sólo a Mónica Oltra-, la UE va a investigar, el Síndic de Greuges investiga, el PP ha pedido por tercera vez una comisión de investigación en Les Corts.