La aparición de internet, la irrupción incesante de las nuevas tecnologías de la información y la multiplicación de las redes sociales han propiciado un cambio cultural y económica gigantesco, y eso que todavía estamos en el comienzo.

Afecta al ámbito laboral, lo comprobamos en la imparable venta o gestión “on line” de casi todo tipo de productos o bienes –en los bancos los empleados están muy nerviosos, al observar la disminución de clientes físicos y la necesidad de readaptar plantillas, a titulo de ejemplo-, en los medios de comunicación que llevan tiempo intentarse adaptarse con desigual éxito, en el ámbito familiar, educativo, administrativo: nada queda ajeno prácticamente a la revolución digital.

Me ha alegrado la decisión de la Generalitat Valenciana de racionalizar el uso de internet entre los funcionarios. Se pueden y deben ahorrar unos cuantos millones de euros, que pagamos entre todos, de modo que los funcionarios y cargos de la Generalitat utilicen internet sólo para lo que es necesario para su trabajo, tanto en ordenadores como en dispositivos móviles. Tanto los funcionarios como cualquier ciudadano debemos reflexionar ante las facilidades que otorga internet, para el trabajo, pero también para la distracción, el entretenimiento o usos inadecuados para el fin que se ha contratado, en el caso de los funcionarios con el dinero de todos. Si un ciudadano utiliza convulsivamente internet –que los hay-, como se lo paga de su bolsillo, puede decidir en qué se lo gasta, pero no si es un gasto pagado con nuestros impuestos o la empresa.

¡Vaja, home! No sé per qué, em dona l’impressió de que este se’n va sense mi… ¿Que no? Ya voran com sí… En acabar-se el café en llet que demanà i pagar-li al del bar, s’ha baixat de la banqueta, s’ha abotonat la gavardina i ha mirat de reüll a la mulata eixa que està assentada junt a la porta…

¿No et dia yo? ¡Al carrer sens recordar-se de que entrà al bar en mi! ¡Au, fill, que Santa Bàrbera et guarde!

Bo. Em van a permetre que els explique per qué estava tan segur de que açò anava a ocórrer.

La primera República -lo hemos dicho alguna vez- se proclamó en contra de lo regulado en el capítulo XI de la Constitución de 1869, que establecía el procedimiento para la reforma constitucional.

Constitución surgida del derrocamiento revolucionario de Isabel II y de la reunión conjunta del Congreso y del Senado, reunión expresamente prohibida por la ley constitucional.

Don Estanislao Figueras, fue el primer presidente republicano, cuyo republicanismo moderador fue incapaz de hacer frente a los graves problemas que España tenía en aquel entonces. Apenas tres meses más tarde le sustituye Pi y Margall, quien a su vez se muestra incapaz de encauzar la revolución cantonal y tras un mes largo de gobierno le sustituye Salmerón que se encuentra con una gravísima situación de guerra civil, cantonalismo y rebeldía militar y cesa el 8 de septiembre de 1873.

Se están produciendo en España algunos hechos que revelan un rebrote de fobia hacia los católicos, y hasta entre los no católicos o los católicos que no practican surge la pregunta de los motivos. Observo indignación y perplejidad en muchos ante este rebrote.

A los millones de españoles que en la Declaración de la Renta señalamos cada año la casilla de la Iglesia Católica nos mueve el deseo de que nuestros impuestos vayan, en una parte, a la Iglesia Católica. Por tanto, hay un fenómeno arraigado de aceptación y apoyo.

El Pleno del ayuntamiento de Valencia el pasado 26 de enero, supuestamente para separar el ámbito civil del religioso, es un buen botón de muestra de algo que, cíclicamente, se repite en España: la fobia anticatólica. Ya lo dejó claro Jordi Peris, el concejal de Valencia en Comú -la marca de Podemos-, cuando afirmó que no vamos a destrozar iglesias ni quemar retablos ni impedir que se entre a las iglesias, sinagogas o mezquitas. Cualquiera que lea estas líneas, con un poco de sentido común y de respeto, podría contestar: ¡sólo faltaría!.