La sociedad en que vivimos es definida por sociólogos e historiadores de diversas maneras –sociedad democrática, sociedad postmoderna, sociedad del bienestar-, pero la definición que se ha hecho más popular, sin duda alguna, es ésta: sociedad de consumo. Es una definición acertada porque, en una sola palabra, indica su estructura económica fundamental, por una parte, y las características del comportamiento social que ésta determina, por la otra.

Es indignante que Podemos haya acusado a los medios de comunicación de avivar el conflicto a raíz de la muerte en Lavapiés del senegalés Mmame Mbaye,

El pasado lunes Podemos arremetió contra los medios de comunicación, a través de la portavoz de la Ejecutiva del partido, Noelia Vera, por atribuir a dirigentes de Podemos los bulos de la “persecución” de la Policía a Mmame –que falleció por causas naturales-, y se atrevió a decir que “el bulo es muy descarado; hay una persecución y un intento sistemático de destruir a Podemos”, y que “fue información que dieron los medios mencionando a fuentes de la Policía”.

Hubo diversos “tuits” de dirigentes de Podemos sobre la causa de la muerte de ese senegalés, y la Policía ha anunciado que los llevará ante el juez por si han incurrido en delitos de odio o alteración del orden público.

Hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down, institucionalizado por la ONU. Cada 21 de marzo es un recordatorio de lo que necesitan las personas que tienen este síndrome y el apoyo familiar, educativo, profesional y social que les prestamos.

Hay verdades que remuerden la conciencia social, como lo es que España es el país del mundo donde nacen menos personas con Síndrome de Down: 1 de cada 1.600 nacimientos, cuando la media mundial es de 1 por cada 730 nacimientos. Es decir, que tenemos una cruda realidad: muchos fetos que son diagnosticados con este síndrome no llegan a nacer, son abortados. La primera inclusión es dejarlos nacer, así de clara y rotunda es la realidad. Por tanto, el diagnóstico prenatal tiene una clara orientación eugenésica, por no añadir que tiene un sesgo genético importante.

Ayer, en el Congreso, Mariano Rajoy vinculó las mejoras de las pensiones a los presupuestos. Implicó a todos los partidos, y jugó bien su baza.

Indudablemente, echaron en cara los parlamentarios a Rajoy que la presión de la calle le ha obligado a comparecer. Evidente, y al presidente del Gobierno le ha faltado calibrar la indignación de la calle, de los pensionistas y de todos los españoles, ante una materia crucial.

Que el Gobierno haya subido sólo un 0,25% las pensiones en estos últimos años, y también en 2018, choca con los mensajes de la recuperación económica de España, el aumento de los salarios, el fomento de inversiones, la remuneración y aumento salarial de políticos y asesores. Si hay que apretarse el cinturón, se puede entender, pero implicando a todos, no olvidando a los pensionistas, casi 10 millones de españoles.

La carrera electoral en todos los partidos políticos ya se ha acelerado, si es que alguna vez se ha detenido, ya que los políticos están en campaña permanente: no es un mérito, simplemente viven de ello.

El posible adelanto electoral siempre les pone un poco más nerviosos. En la Comunidad Valenciana no hay circunstancias de entidad, en mi opinión, que hagan pensar en un posible adelanto electoral, por mucho que intencionadamente se deje caer en algunos foros. El tripartito actual quiere apurar los 4 años, y que haya elecciones cuando toca, en mayo de 2019: saben que un adelanto es, para ellos, un riesgo evidente, por el auge de Ciudadanos, que sigue en su particular “luna de miel” tras las elecciones catalanas y la efervescencia de algunas encuestas a nivel nacional, que le sitúan como partido ganador si ahora se celebrasen elecciones: los mismos que publican estas encuestas otorgaban a Podemos el primer lugar hace dos años… y quedó tercero.

Por primera vez en la historia, la humanidad se encuentra unificada a través de los medios de comunicación con una rapidez y perfección que nadie podía imaginar hace unos lustros. Ya no hay barreras de espacio y tiempo entre los hombres; en cuestión de segundos, podemos ver lo que pasa en lo más extremo del mundo, informarnos de todos los sucesos en sus mínimos detalles, comunicarnos directamente de persona a persona. Todos estamos hoy intercomunicados en todo y nada se escapa al poder omnipresente de la red que cubre el universo mundo.

Buena ocasión el Día Internacional de la Mujer para reflexionar sobre el trabajo de las mujeres periodistas, sus dificultades y retos.

El pasado martes la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) presentó un informe, según el cual sólo un 21% de los artículos de opinión son de mujeres, es decir, uno de cada cinco. Aunque el informe arroja un dato que no nos resulta extraño –porque basta leer la prensa-, sí me resulta algo incomprensible que no haya más mujeres.

La presencia de la mujer en los diversos ámbitos profesionales ha ido creciendo. En cuanto a los artículos de opinión, no cuadra con el gran número de mujeres que, desde hace años, trabajan como periodistas. Por mi experiencia profesional, puedo asegurar que con frecuencia se alienta a mujeres a que escriban artículos de opinión, tanto o más que a hombres, pero el resultado es el que es.

Gabriel Cisneros, en respuesta a la pregunta “¿Cree que hay que cambiar la Constitución?” en una entrevista concedida a Papeles de Arma poco antes de su muerte dijo: “Si me haces esta pregunta hace un años o dos, te habría dicho que no. Ahora te digo radicalmente que sí, y además una reforma no menor”.

Que el lector juzgue: ahora mismo, en la enseñanza quienes eligen el castellano en la Comunidad Valenciana el castellano está presente en un 23,3% y el valenciano en un 44%. Y ahora estas cifras van a subir a un nivel de valenciano alrededor del 65%, mientras que el castellano sólo tendrá el 25%. Es una discriminación injusta del castellano.

Por mucho que se empeñe la Consellería de Educación, su empeño en imponer el valenciano es una injusticia, por mucho que se empleen eufemismos como “fomentar el valenciano”, “el castellano lo saben todos, mientras que el valenciano no”. Si alguien desea una enseñanza en castellano y encima es una mayoría, la ignorancia del valenciano no es una justificación para imponerlo. Es un atentado contra la ley, que establece la cooficialidad de ambos idiomas, y contra la democracia: no hay paliativos que sirvan, se atenta contra la pluralidad, y no cabe el silencio ni el cansancio.

Estoy de acuerdo con Mariano Rajoy: faltan gobernantes. Se está demostrando en el futuro de las pensiones, tratado con falta de previsión y ocurrencias.

A la vez que Rajoy dijo que faltan gobernantes, afirmó que sobran comentaristas. En eso no estoy de acuerdo, salvo que se refiera sólo a políticos que “comentan” con ligereza sin gobernar, pero tal vez nos incluye a los periodistas: es tan gallego, que lo que dice puede ser ambivalente, según cada uno quiera entender.

En España hay 9,5 millones de pensionistas, de los que 6 millones son jubilados, y el resto perciben pensiones de invalidez, viudedad u orfandad. Cada día hay 300 pensionistas más en nuestro país. Desde luego, no es cuestión fácil. Y desde 2014 se incrementan un 0,25 las pensiones.