La pandemia ha traído grandes calamidades, con miles de muertos, secuelas de todo tipo en la salud, graves situaciones económicas y laborales. Las sigue provocando, aunque en mucha menor medida, en este final de la sexta ola, a la vez que, tras dos años, se cronifican muchos de esos daños. Nadie puede prever lo que puede suceder en el futuro, pero si hay algo claro es que debemos tomar nota y adoptar medidas que ayuden a resolver esos graves perjuicios en todos los terrenos, por lo que ha sucedido, por lo que está sucediendo y por lo que pueda venir.

El título de estas líneas no lo he elegido al azar o sin apenas pensarlo: lo he pensado mucho. La iniciativa de Podemos, ERC y Bildu en el Congreso de los Diputados de investigar los abusos a menores exclusivamente en la Iglesia tiene alta dosis de inquina y hasta crueldad, pero no contra una institución asimilada a edificios o estructura material, sino contra personas, que son los católicos.

La Iglesia está compuesta por clérigos y laicos, en su inmensa mayoría por estos últimos. La mayoría de los españoles nos declaramos católicos. Que haya disminuido la práctica religiosa no es óbice para respetar y exigir justicia ante cualquier tipo de ataque o discriminación, y sobre todo por parte de los laicos, que somos la mayoría, sin descargar en sacerdotes y obispos las iniciativas, reacciones o exigencias que corresponden en un Estado de Derecho.

El pasado lunes, 24 de enero, se celebró la fiesta de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas.  Es una buena ocasión para hablar de nosotros, los periodistas. Para tranquilidad del lector de estas líneas, los más críticos con los periodistas somos nosotros mismos, porque cada día comprobamos carencias, limitaciones y una larga retahíla de intereses para que únicamente se conozca una parte de la realidad y se maquille o esconda lo que perjudica a una institución, cargo público, sindicato, partido político, entidad, o corriente cultural. Presiones explícitas, silenciosas y variopintas.

El martes Mónica Oltra compareció en la Diputación Permanente de las Cortes Valencianas para explicar la gestión de los abusos a menores tutelados por la Generalitat Valenciana, que ella ha llevado a cabo como consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas. Fue una de las sesiones más duras que he conocido, y para Oltra fue, sin lugar a dudas, un varapalo político en toda regla como nunca había experimentado.

La consellera, que también es vicepresidenta del gobierno valenciano y portavoz –los tres cargos desde 2015, en que el tripartito de izquierdas llegó al poder-, es hábil y ambiciosa. Ximo Puig le teme, le deja hacer y depende de ella, ya que incluso movió hilos en 2015 para presidir la Generalitat argumentando que Compromís y Podemos tenían más diputados que el PSPV, y en esa maniobra le apoyó Pablo Iglesias, pero Ximo Puig logró la presidencia por ser el partido con más diputados. Fue todo un pulso, que ayuda a entender fortalezas y debilidades, silencios cómplices y reparto de parcelas de poder.

Teresa es la joven que sufrió abusos sexuales, estando en un centro de menores tutelado por la Generalitat Valenciana,  por parte del marido de Mónica Oltra en 2016 y 2017, Luis Eduardo Ramírez Icardi, “educador” de ese centro. Ahora es “exmarido”.  La sentencia del TSJCV, del 16 de septiembre pasado, lo condenó, y no dejaba precisamente bien a la directora del centro y otros empleados de la Consellería de Igualdad. Judicialmente sigue la batalla para responsabilizar judicial y económicamente a la Consellería. Teresa habla claro: Oltra ocultó su denuncia.

Políticamente se piden responsabilidades por los abusos a menores tutelados a Ximo Puig –no sólo a Mónica Oltra-, la UE va a investigar, el Síndic de Greuges investiga, el PP ha pedido por tercera vez una comisión de investigación en Les Corts.

España es un país contradictorio. A la vez que se muestra como el más solidario del mundo como lo prueba el ser campeón en transplantes de órganos, no tiembla a la hora de dejar en el paro a uno de cada cuatro compatriotas. Ha conseguido crear una lengua hablada en el mundo entero siendo el segundo idioma vehicular más importante pero en nuestro propio país, el castellano se habla cada vez menos y peor. España es a la vez el segundo país de Europa en acumular patrimonio artístico y cultural protegido por la UNESCO pero es a la vez uno de los países menos cultos, donde menos libros se leen pese a editar e incluso vender no pocos.

Es importante leer y escoger bien las lecturas. Hay que tener en cuenta que, como mucho, podemos aspirar a leer una media de entre 20 y 30 libros al año y cada bodrio escogido nos priva de una cuota preciosa de nuestras lecturas.

Pablo Casado tiene casi todo a favor para ser el próximo presidente del Gobierno de España. La ineptitud, irresponsabilidad y sectarismo de Pedro Sánchez se lo está poniendo en bandeja. Sin embargo,  también es posible que Pablo Casado no sea presidente, si se empeña en seguir cometiendo unos errores que están defraudando a muchos votantes del PP durante décadas.

Las encuestas son tozudas: que  el PP puede gobernar con Vox, y también que cabe que se reedite el actual gobierno del PSOE con siete, ocho o quince partidos políticos, los que haga falta para que Pedro Sánchez pueda seguir en la Moncloa, su única aspiración y a la que supedita todo.

Pablo Casado no debe considerar enemigo a Vox, sino únicamente al PSOE de Pedro Sánchez. Es muy fácil. Sin embargo, parece escuchar voces en diversas direcciones que le conviene no seguir. Y las encuestas vienen señalando que el PP ha perdido fuelle estos meses, en beneficio de Vox.

Poco después de que María José Catalá denunciara  los abusos sexuales sufridos por 175 menores tutelados por la Generalitat en un año, el diputado de Compromís en Les Corts, Carles Esteve, hizo unas declaraciones muy duras y sorprendentes. Acusó a Catalá de manipular los datos aportados por el Síndic de Greuges –que a su vez recoge los que suministra la Consellería de Igualdad-, de tener poca calidad humana.

Sin embargo, en las declaraciones de Carles Esteve hubo un momento en que logró sorprenderme: se indigna porque Catalá no especificó que el 90% de los casos “se dieron fuera de un centro de acogida de la Generalitat” y que acusaba “directamente a los y las profesionales de los centros de acogida”. Me dirijo a Esteve: ¡si se produjeran en los centros de acogida con la acción u omisión de los profesionales, sería para cerrar judicialmente esos centros y tramitar querellas criminales, no para pedir mejoras en la protección de los menores! ¿Es consciente de la barbaridad que dijo? Catalá alegó una atención “muy deficiente” y “preocupante”, que es algo muy distinto.