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El martes pasado, Carlos Herrera le dio un repaso a un senador del PSOE,  Miguel-Ángel Heredia, por llamar a “no educar a los pijos con dinero público”.  En síntesis, Herrera le dijo que era un indocumentado, que la enseñanza es un servicio público y que lo cumplen también los centros concertados, y que los servicios públicos son para todos, y que es preferible financiar a “pijos” que a políticos que van de prostitutas con los fondos de EREs en Andalucía. Vamos, que le dio un repaso en toda regla al senador socialista.

Lo que deseamos todos es que los servicios públicos funcionen bien: tenemos derecho porque pagamos impuestos. El Estado está para servir con sus bienes e ingresos a los ciudadanos.

El diari Levante-EMV, des de mitant de setembre, nos està oferint als llectors un curset concentrat de llengua, de la ‘bona’: Gramàtica zero, dels filolecs Josepa Melià i Francesc Esteve i en l’aval del Servei de Política Lingüística - Universitat de València.

En l’unitat 4 (p. 25), sense gramatica, pero en molta ‘norma’, trobem la primera ¿barbaritat?, ¿manipulacio?, ¿mentira?. Es tracta del canvi de preposicions davant d’un infinitiu i prescriu que

verp + en / amb + infinitiu →    verp + a + infinitiu

Va tardar molt en netejar la casa →     Va tardar molt a netejar la casa

Es conforma amb gestionar la botiga →     Es conforma a gestionar la botiga

La “marea naranja” ha llenado muchas calles y plazas de España protestando contra la ley Celaá. En otras ciudades, como por ejemplo las tres capitales de la Comunidad Valenciana, no se ha celebrado este pasado domingo, pero la plataforma “Stop Ley Celaá. Más plurales” ha estado y está muy activa, pues el conseller Marzà ha intentado en cinco años hacer de estas tierras amantes de la libertad lo que Celaá pretende: un totalitarismo educativo que anule la enseñanza concertada y el castellano, entre otros objetivos, ninguno que redunde en una mayor calidad educativa, al revés.

Apuntes para recurrir la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE)

La Constitución Española de 1978 en su artículo 27 recoge simultáneamente el derecho a la libertad de enseñanza y el derecho a la educación como derechos públicos subjetivos. Es la primera vez, en la historia constitucional de España, que se integran la libertad en la transmisión del saber y la efectividad en el acceso a su recepción. El artículo 27 concilia los principios constitucionales de libertad e igualdad.

A lo largo de nuestra historia constitucional, libertad de enseñanza y derecho a la educación rara vez han sido reivindicados simultáneamente. Se han presentado como postulados excluyentes, manifestando el enfrentamiento entre dos tipos de enseñanza, una laica y otra confesional, y entre dos tipos de escuela, la pública y la privada. Esta polémica, aún hoy, no está superada plenamente, a pesar de la función pacificadora del Tribunal Constitucional.

Por supuesto en privado y subrayando que no diga su nombre, un líder socialista me comentaba que lo que más le sorprende y le indigna es que la ley Celaá ignora la calidad, que atiende a otras finalidades, y que eso en una ley de enseñanza es dramático, porque es como cavar su tumba, y la de millones de españoles empobrecidos educativamente durante años, si la ley sale adelante y si está en vigor unos cuantos años, que está por ver.

Es un líder socialista muy conocido, pero ahora acomodado por el propio PSOE en un cargo de los denominados “de confianza”, y dice que no se siente con fuerzas para alzar la voz, porque en el partido hay pánico a disentir y certeza de que Pedro Sánchez corta por lo sano la disidencia, ya que para él no es de confianza quien discrepa.

Así es y así actúa el presidente del Gobierno. Otra cosa distinta es la responsabilidad del PSOE -que la tiene- en permitir lo que está permitiendo a este Gobierno, para daño de todos los españoles, y que esperemos no sea muy duradero.

En una universidad pública de la Comunidad Valenciana, durante los meses del Estado de Alarma, el personal del Servicio de Deportes no trabajó nada: universidad cerrada, confinamiento, y nadie haciendo uso de las instalaciones deportivas, lógicamente, por estar cerradas. Alguno de ese personal fue visto con frecuencia jugando al golf, no un día ni dos, sino semanas, meses. Tal vez cierta honradez profesional, sea el trabajo que sea, puede llevar a plantearse lo más ético en esas circunstancias, percibiendo un sueldo completo por no trabajar nada: estudiar, repasar, planificar o algo que esté vinculado con su trabajo, sin exhibir innecesariamente su situación, en una tragedia sanitaria y económica como la que vivimos. Uno de ese personal que no trabajó nada –al menos que se conozca– durante meses, al reincorporarse trabajó un sábado, y reclamó que se le pagara como horas extras. No sé si se le ha pagado como extras, pero ya la petición es de caradura.

El Ministro de agricultura es el más pillo del gobierno y de cuantos han pasado por el ministerio de agricultura. No confundamos pillo con inteligente, competente o preparado para el cargo; ni creamos que esa pillería la utiliza para defendernos a los agricultores en Europa frente a los muchos problemas que la UE, con sus políticas globalistas y ecologetas, está provocando en el campo español (aclaro que ecologeta no es ecologismo, sino simplemente un postureo, que incluso en ocasiones perjudica a la ecología).

Resulta complejo hablar de prioridades del Gobierno, pues la única real para Pedro Sánchez es permanecer en la Moncloa, cueste lo que cueste, cediendo en lo que haya que ceder. La supervivencia política es su prioridad.

Teniendo en cuenta esta realidad –dolorosa e inmoral-, habría que repasar cuáles son las prioridades de Pablo Iglesias y de cuantos apoyan al Gobierno de Pedro Sánchez. En síntesis, cada partido que apoya a Sánchez tiene una prioridad: sacar todo lo posible para sus intereses electorales o ideológicos, sabiendo que Sánchez cede en todo para sobrevivir. Así de penoso.

Sin embargo, el Gobierno es constante en atacar lo que podríamos denominar las tres “ces”, aunque no sean prioridades para Pedro Sánchez, sino de algunos socios de gobierno. O tengan, por decirlo de algún modo, una “paternidad” compartida o tolerada.

Las tres “ces” están en boca de todos: ataques al castellano, a la concertada y a la comunicación.

El común denominador de estas tres “ces” es el ataque a la libertad, la imposición sectaria, muchas veces ni disfrazada.